El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón resolvió esta noche dictar la prisión domiciliaria al sacerdote Julio Grassi por haberse referido a una de sus víctimas durante un programa de televisión.
El cura, que gozaba el beneficio de prisión morigerada desde 2009, cumplirá el arresto en su domicilio de la calle Sarratea 2510 de la localidad bonaerense de San Justo.
“Los chicos de los que abusó ya no podrán cruzárselo en la calle, pero pediremos que vaya preso a una cárcel común, en el pabellón de delincuentes sexuales; la detención domiciliaria de Julio César Grassi es sólo un comienzo”: así se resume la posición que plantearon los representantes del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) con respecto a la situación del cura que, pese a haber sido condenado en dos instancias por abuso sexual de menor, seguía en libertad hasta anteayer. Los miembros del Comité dejaron planteada una pregunta inquietante: “¿De dónde obtuvo Grassi tanto poder? ¿Cómo pudo pagar tantos abogados carísimos? No es sólo por pertenecer a la Iglesia: también logró fuertes contactos empresarios. ¿Grassi les causa temor por la información que pueda manejar?”. Además, la entidad expresó grave inquietud por la situación de los chicos que siguen internados en la Fundación Felices los Niños: “Siguen a merced de los deleznables sujetos que rodean a Grassi y, sin embargo, la Justicia sigue enviando chicos a ese lugar. Es necesario que el Estado intervenga”.
En la conferencia de prensa convocada por Casacidn, Nora Schulman, directora ejecutiva de la entidad, destacó que, “por primera vez, dos años después de haber sido condenado a 15 años de cárcel por un delito gravísimo como es el abuso sexual, Grassi está detenido, aunque no en las condiciones que hubiéramos deseado”. Juan Pablo Gallego, uno de los abogados que Casacidn puso a disposición de las víctimas, anunció que “exhortaremos a la Suprema Corte bonaerense –donde se halla la causa– a que se funde en el dictamen de la procuradora general, María del Carmen Falbo, que solicitó elevación de la pena, y pediremos que la cumpla en un establecimiento carcelario, en el pabellón de delincuentes sexuales. No hay antecedentes de una condena semejante no acompañada por la detención inmediata”.
¿Cómo, por qué Grassi pudo lograr ese nivel de impunidad? Sergio Piris –también abogado de las víctimas por Casacidn– contestó: “No creo que la impunidad de Grassi se haya debido al solo hecho de ser cura; si bien es cierto que la Iglesia, pese a su condena, nunca lo apartó de la condición sacerdotal”. Gallego observó que “Grassi no es más que un cura raso, pero demostró un poder que va mucho más allá de esa condición. Tuvo más de 25 abogados defensores particulares, y no de los más baratos. Su amplia llegada mediática lo instalaba de otro modo, incluso ante las autoridades eclesiásticas. Es un hombre que, tal vez en función de la información que pueda manejar, provoca temor”.
“¿De dónde viene la capacidad económica de Grassi, no sólo para contratar abogados, sino para comprar valiosas propiedades? ¿De dónde sacó fondos para alquilar la quinta donde en realidad vivía, frente a la Fundación?”, preguntó Schulman, y denunció “los vínculos de Grassi, no sólo con la Iglesia, sino también con empresarios poderosos”.
En cuanto a la Justicia, “Grassi fue ayudado por funcionarios judiciales de Morón: primero, tratando de que el juicio no se hiciera; luego, procurando que se aportara la menor cantidad de pruebas y que los jóvenes no estuvieran representados”, afirmó Gallego. El abogado sostuvo que, para el fallo que dispuso la prisión domiciliaria, “fue fundamental el cambio de dos de los tres miembros del tribunal”. El Tribunal Oral 1 de Morón está integrado por Claudio José Chaminade, Daniel Alberto Leppé y Mario Daniel Gómez; este último es el único que formaba parte de la anterior integración, que eximió de prisión al sacerdote condenado.
Mientras tanto, la Fundación Felices los Niños sigue en funciones: “Pedimos que se investigue a la Fundación en sí misma –requirió Schulman–: ¿qué pasa con los chicos que siguen allí? No sabemos si han sido a su vez abusados, porque no ha habido control sobre esa institución”. “Quedan decenas de chicos en la Fundación –agregó Gallego–, a cargo de las personas que rodean a Grassi: siguen a merced de estos sujetos deleznables y es necesario que el Estado intervenga.” “Sin embargo –advirtió Schulman–, la Justicia sigue enviando niños a ese lugar.”
Incluso, “más allá del abuso, la Fundación debería cerrarse –sostuvo Schulman–: las macroinstituciones de ese tipo no se admiten ya, no sirven y en ellas pasan cosas gravísimas. No debe haber más chicos ahí, judicializados, presos, en un lugar donde el personal no cumple las condiciones mínimas para esa tarea”.
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